Salvados analiza en el último programa de la temporada el caso Castor, el depósito artificial de gas natural construido frente a las costas de Castellón que el gobierno ha paralizado definitivamente por causar movimientos sísmicos. El gobierno, que había garantizado a la empresa concesionaria, ESCAL-UGS, participada por ACS, que recuperaría su inversión en cualquier caso, autorizó también una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa. Un documento confidencial El programa ha tenido acceso a un documento confidencial interno del ministerio de Industria sobre Castor, un documento que Jordi Évole analiza con Joan Llinares, experto en transparencia y contratación pública. Llinares asegura que del documento se desprenden algunas irregularidades, como las condiciones restrictivas del concurso para la construcción de la planta, al que se acabó presentando solo una empresa, ACS, o que, en muchos casos de subcontratación de trabajos, contratista y contratante pertenecían al mismo grupo ACS, circunstancias que limitaron la competencia, lo que resultó en sucesivos incrementos del coste del proyecto. Apoyo de PP y PSOE Évole repasa el apoyo que distintos gobiernos tanto del PSOE como del PP han ofrecido al proyecto a través de ministros de Industria como Montilla, Clos, Sebastián o Soria, hablando con dos de ellos: José Montilla y Joan Clos. Ambos aseguran no sentirse responsables del proyecto a la vez que admiten que la garantía de recuperar la inversión en cualquier caso que el gobierno incluyó en la concesión no era normal. El eurodiputado Ernest Urtasun explica a Évole el motivo por el que se pagó tan rápidamente la compensación a la empresa, el papel del Banco Europeo de Inversiones en la financiación del proyecto y cómo y por qué son los consumidores a través de la factura del gas los que han acabado pagando el coste de Castor. El programa se cierra con la entrevista de Évole al presidente de ESCAL-UGS, Recaredo del Potro.