Al juez García Castellón, sospechoso habitual para la izquierda, le dio hace unos meses un repentino interés por imputar a Carles Puigdemont el delito más grave posible, justo un delito que no podía estar amparado por la Ley de amnistía: el delito de terrorismo. Su investigación se ha pasado meses intentando justificar una imputación ante el Tribunal Supremo y lo acabó consiguiendo. Según el juez, Puigdemont, en 2019, desde Bruselas, organizó las protestas convocadas por Tsunami Democrátic, y en esas protestas hay indicios de terrorismo. Pero esta semana la Audiencia Nacional ha decidido invalidar toda esa investigación, no porque sea un disparate, sino porque resulta que en 2021, cuando el juez debía prorrogar la investigación, lo hizo un día fuera de plazo. Con Oriol Solé, periodista de elDiario.es en Catalunya, y con Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional.