La interrupción voluntaria del embarazo es legal en España, pero hoy no todas las mujeres pueden ejercer ese derecho por igual. Depende, por ejemplo, de su lugar de origen. Y eso es especialmente notorio entre las que deciden realizarlo por motivos médicos debido a malformaciones fetales muy graves o incompatibles con la vida, a menudo con embarazos de segundo y tercer trimestre. Salvados constata que, si bien la ley dice que en estos casos el proceso debe realizarse preferentemente en centros públicos, lo cierto es que hay comunidades que derivan sistemáticamente todo el proceso a clínicas privadas. Mujeres que han pasado por este duro proceso relatan a Gonzo cómo se han sentido expulsadas de la sanidad pública y que creen tener menos derechos que las demás. Estas mujeres denuncian que en situaciones de riesgo como las suyas, donde generalmente se les realiza una inducción del parto, son derivadas a clínicas que no cuentan con las mismas prestaciones que un hospital. Al drama que sufren estas mujeres por el hecho de tener que abortar se suman, además, los largos desplazamientos que tienen que hacer para llevarlos a cabo. En la región de Murcia, por ejemplo, no se realizan abortos en ningún hospital público y se deriva a las mujeres a partir de la semana 20 a centros fuera de la comunidad. La mayoría tienen que ir a Madrid. Cada año, más de seis mil mujeres deben cambiar de provincia o comunidad para abortar, según un estudio de la Asociación de Derechos Reproductivos y Sexuales de Cataluña. Al derecho de las mujeres a abortar se contrapone el derecho de los profesionales sanitarios a no practicar abortos por la objeción de conciencia. Llama la atención que ocho provincias españolas no hayan notificado abortos en 30 años o que, en 2019, cinco comunidades autónomas no reportaran abortos en centros públicos. ¿Todos sus profesionales son objetores de conciencia? ¿Hay directrices políticas?