La sentencia del Tribunal Constitucional no es ninguna sorpresa. Dice que debe anular la decisión del Parlament porque Cataluña no es ni política ni jurídicamente soberana y, al mismo tiempo, recuerda que el derecho a decidir es algo que puede continuar hacia delante si es a través de los recursos reglamentarios. El Constitucional también dice que el tema que nos ocupa no lo va a resolver ninguna resolución judicial sino que eso se tiene que hacer en el campo de la política.