Cada año, la Unión Europea reparte miles de millones en recursos para apoyar la agricultura, la recuperación económica tras el COVID-19 o la transición ecológica. Pero buena parte de ese dinero público nunca llega a su destino: funcionarios en Italia, Grecia o Lituania han malversado partidas para desviarlo a redes clientelares, contratos inexistentes u otros esquemas de corrupción.