La Ley de Costas promulgada en 1988 proclama que la ribera del mar, rías, marismas, albuferas, marjales y esteros son bienes del dominio público marítimo-terrestre estatal. En su Exposición de Motivos, la Ley, contiene un catálogo de prácticas negativas de ocupación del litoral, que, pasados los años, no han disminuido, sino que muy al contrario de lo deseado, se han ampliado e intensificado.