Muchos de ellos no llegaron a pisar un hospital. Instrucciones enviadas desde las comunidades autónomas habrían impedido a miles de ancianos recibir atención médica, por criterios relacionados con la discapacidad física o la demencia senil. ¿Pueden los políticos privar del derecho a la asistencia sanitaria? La presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a una polémica de enormes dimensiones éticas, con advertencias dentro de su propio Gobierno. Pero ha ocurrido en más lugares. Cataluña le sigue en número de muertos. Y en otras comunidades autónomas, muchos de los fallecidos tampoco fueron trasladados a hospitales. ¿Quiénes son los responsables? Los partidos políticos se acusan mutuamente, mientras los familiares de los fallecidos asumen una pérdida que esperaban diferente. Una muerte en soledad. En muchos casos, sin poder comprender. Y sin transparencia.